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Sancionan a abogada por no proponer una excepción de fondo en un proceso ejecutivo laboral

La Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura confirmó una sentencia que sanciona a una abogada con suspensión de dos meses en el ejercicio de la profesión por una falta disciplinaria relacionada con la debida diligencia profesional, a título de culpa. (Lea: Sancionan a abogada por acusar temerariamente de homicidio a la apoderada de su contraparte)

Esta falta está descrita en el numeral 1º del artículo 37 de la Ley 1123 del 2007 y precisa: “Demorar la iniciación o prosecución de las gestiones encomendadas o dejar de hacer oportunamente las diligencias propias de la actuación profesional, descuidarlas o abandonarlas”.

En cuanto a la calificación dada a esta falta, la Sala indica que efectivamente resulta reprochable la conducta de la inculpada al descuidar la defensa encomendada, como era proponer la excepción de prescripción, que se notaba de manera indiscutible.

La Sala resolvió así el recurso de apelación interpuesto contra la decisión proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Tolima, mediante la cual se sancionó a la profesional del Derecho. (Lea: Abogada fue censurada luego de dos inadmisiones consecutivas de una demanda de pertenencia)

Según reseña el proceso disciplinario, después de 12 años se presentó una demanda ejecutiva y se nombró como curadora ad litem a la disciplinada, es decir, se había configurado el fenómeno de la prescripción frente a las obligaciones reclamadas y su deber, concluye la Sala, “era alegarlo para garantizar la defensa de quien no podía hacerlo directamente”.

En cuanto a la falta de diligencia, se indicó que se encuentra plenamente acreditado que la togada se dio a la tarea de plantear la imposibilidad de alegar la prescripción cuando la misma afloraba, contrariando con ello los intereses de su prodigada, “pues sin justificación alguna omitió cumplir con sus deberes de efectuar las gestiones encaminadas a ejercer con debida diligencia la representación de la demanda de en ese asunto laboral” (M. P. Magda Victoria Acosta).

Es válido mencionar que en oportunidades anteriores la Sala ha precisado que tal comportamiento de un profesional del Derecho quebranta el deber profesional consagrado en el inciso 10 del artículo 28 de la Ley 1123, que establece que el abogado debe atender con celosa diligencia sus encargos profesionales. Esta disposición se extiende, también, al control de los abogados suplentes y dependientes, a los miembros de la firma o asociación de abogados y a aquellos que contrate para el cumplimiento del mismo.

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Ausencia de ley que regule convocatoria pública no es obstáculo para efectuarla

Salvo los concursos regulados por ley, la elección de servidores públicos atribuida a corporaciones públicas deberá estar precedida de una convocatoria pública reglada por la ley, en la cual se deben fijar requisitos y procedimientos que garanticen los principios de publicidad, transparencia, participación ciudadana, equidad de género y criterios de mérito para su selección. (Lea: Restringir número de entrevistas de participantes configura vicio de expedición irregular del acto de elección)

Así lo indicó la Sección Quinta del Consejo de Estado al resolver dos recursos de apelación y con base en el inciso 4° del artículo 126 de la Constitución Política, modificado por el artículo 2° del Acto Legislativo 02 del 2015.

No obstante, explicó que si bien la norma constitucional establece que tales convocatorias deben sujetarse a una ley, por lo reciente de la reforma constitucional que introdujo dicha figura aquella no ha sido expedida.

Por ello, aseguró que la ausencia de una ley que regule la convocatoria pública no constituye un obstáculo insalvable para que los operadores jurídicos la lleven a cabo, pues hasta que el legislador llene tal vacío las corporaciones nominadoras cuentan con la autonomía suficiente para determinar sus parámetros en cada caso.

También enfatizó que dicha autonomía no puede desconocer los principios consagrados en el artículo 126 indicado. (Lea: Las restricciones a la contratación estatal en época de garantías electorales)

En conclusión, la ley debe determinar la forma en la que debe realizarse la convocatoria. Sin embargo, a falta de esta, la corporación nominadora cuenta con un margen de autonomía que siempre está limitado por los principios (C.P. Lucy Jeannette Bermúdez).

Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia 73001233300020160026103, Mar. 9/17

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Iniciativa que prohibiría cualquier forma de tercerización laboral llega a primer debate

El proyecto de ley con normas para suprimir y prohibir la contratación laboral mediante cooperativas de trabajo asociado (CTA) y demás formas de tercerización laboral consta de seis artículos y será estudiado por la Comisión Séptima del Senado.

La iniciativa restringiría a las empresas de servicios temporales legalmente constituidas la contratación de personal a través de CTA y cualquier otro tipo de asociación, sociedad o esquema legal que permita, contenga o encubra prácticas de intermediación laboral destinadas a favorecer a beneficiarios o empleadores. (Lea: Análisis de la suspensión provisional de las definiciones del decreto sobre tercerización laboral)

Prohibiciones

No se permitiría la contratación a través del contrato sindical para el desarrollo de labores misionales y permanentes en el sector salud. La prohibición incluye también las actividades que guarden relación directa con el suministro y adecuación permanente de grandes volúmenes de materias primas e insumos indispensables; además del desarrollo de procesos y servicios misionales y esenciales para la producción industrial; la gran minería; la agricultura; el transporte; las comunicaciones; las actividades comerciales, logísticas y portuarias a gran escala y la prestación de los servicios básicos esenciales a cargo del Estado. (Lea: Suspensión del decreto contra la tercerización laboral reivindica interpretación sobre el contrato directo: Mintrabajo)

Por otra parte, se prohibiría el contrato de trabajo a término fijo menor a tres meses en la contratación de personal para la construcción, adecuación y mantenimiento de obras de infraestructura en la industria petrolera y en obras de infraestructura vial, energética, portuaria o aeroportuaria.

En cuanto a los trabajadores que para el momento de aprobación del proyecto de ley se encuentren vinculados a CTA, contratistas, operadores o mediante contratos sindicales en el sector salud para el desarrollo de labores misionales o permanentes, se les aplicará sin solución de continuidad el principio de “contrato realidad” establecido por la Corte Constitucional, en lo referido a sus derechos laborales y con el propósito de su ingreso a la entidad, bajo la figura de un contrato formal de trabajo.

Periodo de transición

La iniciativa indica que el Gobierno deberá reglamentar un periodo de transición que en ningún caso podrá exceder los 180 días calendario para que aquellas personas que se encuentren laborando bajo dichas cooperativas sean vinculadas por sus empleadores, tanto en el sector público como privado.

Sanciones

Igualmente, se advierte que las autoridades competentes no autorizarán despidos sin justa causa o retiro de personal de las CTA con ocasión de lo dispuesto en esta ley, de aprobarse.

Finalmente, se impondrían multas hasta de 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes a las instituciones y/o empresas que no cumplan con lo establecido en esta ley. (Lea: Prima de servicios a trabajadores domésticos debe pagarse a partir de diciembre)

Senado de la República, Ponencia proyecto de ley 09/16S, 07/06/17

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